LA RESIDENCIA, LA INSPECCIÓN Y NOSOTROS (III)

 LA DESGRACIADA CARTA DEL PRESIDENTE

El miércoles día 21 de diciembre, uno de nosotros –en nombre de todos—entrego la fotocopia sellada de la denuncia al presidente a Carles Perapoch, y le pedimos una reunión con todos los afectados, a lo cual se avino amablemente.
Desde el viernes 3 de febrero hasta el jueves día 15 de marzo, se nos entregó una carta de 31 de enero de 2012, firmada por el presidente de AFAP, sin membrete, y estando presente la Directora Técnica del Centro. Por de pronto, no era una reunión colectiva de todos los afectados, sino una entrevista uno por uno, con gritos en algunos casos.
Pese a decir que «restem a la espera que siguin ells [la inspección] qui ens responguin», la carta parecía dudosamente legal en, por lo menos, varios puntos.
En primer lugar, su mismo redactado aquí citado: pues, como denunciados ante Inspección y Registro, no era la junta directiva la que estaba «a la que respondan» sino que su papel era más bien a la espera de un dictamen legal que podía levantar ampollas (cosa que efectivamente hizo).
La segunda cosa ilícita es la desfachatez con la que dice «li recordem que l’ingrés en aquest centre es voluntari». Esto es totalmente falso, porque la mayoría de los residentes estamos en AFAP a través de los Servicios Territoriales de la Generalitat. Es indignante que alardeen de «empresa independiente» cuando en realidad se trata de una empresa concertada (y muy subvencionada, de paso): una de las cosas más preocupantes de la dirección es el problema cognitivo entre lo que son en realidad, y la falsedad de la alardean como única verdad, como si viviesen en un mundo irreal y sin contacto con el exterior. Existe un abismo entre lo que son y lo que pretenden ser, que todo el mundo ve… menos ellos.
La tercera cuestión de dudosa elegancia –y legalidad— es la afirmación acerca de la Directora Técnica del Centre «amb qui tenim plena confiança». Esto fue un desliz lamentable. Porque esto sí que era entrar en el terreno objeto de las denuncias. La segunda denuncia decía claramente: «No tenemos nada contra Marta Carbonell en su labor de despacho. Pero ha de dimitir como directora del centro». Por supuesto, la Inspección no puede obligar a dimitir a ningún cargo directivo, aunque tiene otros mecanismos para recomendar esta opción, que puede hacerse efectiva mediante medios de presión indirecta del propio departamento de Bienestar.

Y, en éstas, llegó el dictamen de Inspección y Registro. Entonces, lo que pasó está brevemente contado en Crónica de una confusión interesada.
Como allí se decía, Bienestar y Familia nos pidió paciencia.
Por lo tanto, pacientes, guardamos nuestros comentarios para cuando esto no esté bajo el «secreto de sumario».